Augusto Townsend: “Perú es un ejemplo de cuán rápido se puede deteriorar la política si no hay contrapeso”
El Parlamento peruano está enfrentado con el Poder Judicial, lo que dio pie a que se hable de “dictadura parlamentaria”. Reformas en la legislación flexibilizan la persecución del delito y restan influencia a los administradores de justicia.
Tomado de Diálogo Político
Por: Agustina Lombardi, 30 Sep, 2024
“Dictadura parlamentaria”, dos palabras que, en general, no suelen escucharse juntas. Augusto Townsend, curador del podcast Comité de Lectura, utiliza esos términos para explicar lo que sucede en Perú.
En conversación con Diálogo Político, el abogado y periodista cuenta que el Congreso peruano “intenta capturar cada vez más poder” al avasallar otras instituciones. ¿Cómo? Hace especial énfasis en cuatro leyes de esta legislatura que escudan al Legislativo ante investigaciones judiciales y casos de corrupción en un frente de batalla contra el sistema judicial.
Son la ley 32107, sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, la 32108, que modifica la ley contra el crimen organizado, la norma 31990, que modifica la colaboración eficaz, y la ley 31751, que propone la reducción de los plazos de prescripción de los delitos.
Congreso versus sistema judicial
En Perú se aprobaron leyes que preocupan desde el punto de vista democrático. ¿Qué antecede estos cambios?
—En los últimos meses en el Congreso actual se aprobaron varias leyes que básicamente flexibilizan la persecución del delito y le hacen las cosas más fáciles a los delincuentes. Yo pondría la fecha de inicio en el escándalo Lava Jato.
¿Por qué?
—Con el Lava Jato, en Perú aparecieron una cantidad enorme de acusaciones contra políticos vinculadas a corrupción. Se minimizó un poquito la responsabilidad penal de los empresarios involucrados en estos casos. Con bastante razón, porque un buen número de políticos peruanos en efecto estaban involucrados en casos de corrupción muy evidentes. Pero, si bien el proceso tenía mucho sustento de fondo, también se cometieron excesos.
Por ejemplo, a los políticos se les imputó el delito de lavado de activos, que en la mayoría de los casos no parece que vaya a sostenerse. La Fiscalía sostiene que los políticos recibieron donaciones para el financiamiento de campaña y, en la medida que provenían de dinero ilícito, de empresas como Odebrecht, configura como delito de lavado de activos. Pero tendrían que demostrar que el político que recibió el dinero sabía cuál era el delito fuente de ese caso de dinero ilícito. Creo que cometieron errores de tipificación, de dar prisiones preventivas con mucha ligereza. En el discurso, la Fiscalía ha hecho que sea muy fácil identificar el ensañamiento.
Como se han visto contra la pared, [con las nuevas leyes] los políticos contragolpearon contra la Fiscalía y el Poder Judicial al atacar y deslegitimar instituciones vinculadas.
¿Dictadura parlamentaria?
Entonces, ¿hay un desbalance de poderes?
—Es una situación bien particular. En otros países, donde están yendo por un camino autoritario, normalmente concentran el poder en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, en la figura del presidente. En Perú pasa algo bien curioso: tenemos un gobierno que es muy débil, que es el resultado de una sucesión constitucional producto del golpe de Estado de Pedro Castillo. Subió Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, y ahora busca sostenerse con el apoyo de las bancadas del Congreso, sobre todo las más ubicadas a la derecha.
Entonces, la supervivencia del Poder Ejecutivo básicamente depende del apoyo del Congreso, que puede bajar a la presidenta en cualquier momento, si logra conseguir los votos suficientes.
El poder está concentrado en buena medida en el Congreso. Por eso, aquí en el Perú hablan —es un poco extraño de decir— de la dictadura parlamentaria. Obviamente es una contradicción en términos, pero lo que pasa es que tienes una coalición de bancadas en el Congreso que son ideológicamente diversas, tienen ideas diferentes sobre lo que hay que hacer con el país, pero tienen intereses alineados en salir bien librados de los procesos judiciales o de las investigaciones fiscales. Quieren protegerse entre sí. Por eso se aprueban este tipo de normas. Súbitamente todos los partidos están de acuerdo en aprobar estas cosas, porque hay varios investigados. El frente de batalla es entre el Legislativo y el Judicial, con estas leyes que buscan debilitar al Poder Judicial o a la Fiscalía.
Crimen organizado
Hablemos de estas leyes. ¿Cuáles son los cambios fundamentales?
—Hay cuatro leyes que son importantes para tener en cuenta.
La más cuestionable de todas, es la ley que tiene que ver con el crimen organizado, una regulación mucho más exigente. Para poder imputar a una organización criminal tiene que haber un delito que tenga una pena mayor a seis años. Es decir, se excluyen delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, que son típicos delitos de corrupción. Así se intenta evitar que se investigue a ciertas personas como organización criminal. Lo que es realmente indignante en este caso en particular es que, al flexibilizar la regulación de la organización criminal, se flexibiliza también para todas las otras organizaciones criminales del país, vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, al sicariato, la extorsión.
Hay cosas que son escandalosas. Por ejemplo, la nueva ley dice que si la policía hace un allanamiento en un domicilio vinculado a una investigación de organización criminal, para poder hacerlo, tienen que notificar a la parte allanada y esperar a que llegue su abogado.
Prescripción de delitos
¿Cuál es la segunda que le preocupa?
—Hay otra ley que reduce los plazos de prescripción de los delitos, entonces es más fácil que los procesados puedan utilizarla al aplicarla de manera retroactiva. Se establece que si no se abre formalmente una investigación dentro de un plazo determinado [depende de cada delito] el caso no puede continuar.
Esta ley fue impulsada por el anterior presidente del Congreso [Alejandro Soto], que tenía un proceso por estafa en Cusco. Apenas se aprobó la ley, él fue al juzgado donde lo estaban procesando y pidió que le archivaran el caso porque había pasado el plazo de prescripción.
¿Se lo archivaron?
—No, y ahí viene la parte curiosa de este caso. El Poder Judicial se dio cuenta de que había un conflicto de interés muy claro. Entonces empezó a aplicar control difuso. ¿Qué hizo el Congreso? Buscó sacar una ley de interpretación auténtica para tratar de reforzar la vigencia de la ley original, para evitar que el Poder Judicial la inaplique. Están todavía en ese pleito legal.
Colaboración eficaz y lesa humanidad
¿De qué van las otras dos leyes?
—Una tercera ley regula la colaboración eficaz: cuando una persona investigada acepta un delito, da información y obtiene beneficios penitenciarios por eso. Ahora, para poder tener validez, han reducido los plazos de la colaboración. Yo, como abogado, entiendo también que hay cierta lógica, porque pueden haber excesos. Las colaboraciones eficaces tampoco pueden ser interminables. Y ahí hay cuestiones vinculadas a cómo se comporte la Fiscalía.
La cuarta norma tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Académicamente hablando, es la más discutible. Perú es firmante del Estatuto de Roma, que define la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La nueva ley determina que no podría aplicarse retroactivamente ese tratado, porque se firmó en 2002. Lo único que podría definir como imprescriptible es cualquier hecho vinculado a un delito de lesa humanidad cometido después de la firma de ese tratado.
Hay una disputa entre los abogados penalistas e internacionalistas. Por un lado, se argumenta que las normas no se pueden aplicar retroactivamente. Por otro lado, se señala la prohibición de los delitos de lesa humanidad, como una norma de validez universal. En lo personal, creo que sí se debe respetar la imprescriptibilidad porque el Estado peruano soberanamente firmó ese tratado.
¿Cómo se vincula esta discusión con la realidad peruana?
—Hay partidos políticos muy relacionados, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y quieren estar en buenos términos. Estamos hablando de hechos, probablemente delitos de lesa humanidad, cometidos, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo.
El problema de fondo
El fomento de estas leyes no deja muy bien parado al Congreso peruano. Por el contrario, sugiere un vínculo directo con la actividad ilícita.
—En 2019 se prohibió el financiamiento privado de la política. Cuando se secó esa fuente de ingresos, voltearon la mirada hacia las economías ilegales. Esto cambió un poco la dinámica política, porque antes el poder relativo que tenía el sector empresarial privado era mayor. Ahí tenemos un problema a solucionar. Si las fuentes privadas transparentes dejan de tener relevancia en la matriz de financiamiento electoral, van a tener más espacio las economías ilegales. Y quién sabe qué puede terminar pasando.
Perspectiva democrática
¿Qué consecuencias para la democracia traen estas nuevas normas?
—Perú ya es considerado un régimen híbrido. Es una democracia agonizante muy, muy, frágil, con un Congreso que intenta capturar cada vez más poder avasallando otras instituciones. El Poder Judicial parece ser la última barrera para evitar que eso siga dándose.
Se ha perdido el sentido de representación del sistema político hacia la ciudadanía. Me preocupa muy fuertemente que el electorado peruano, que no tiene convicciones democráticas muy fuertes, se vuelva más antidemocrático en rechazo a esos políticos que ven. Por ejemplo, en las marchas que hubo cuando cayó Castillo, se veían pancartas que decían: “Cierren el Congreso”.
Lo que pasa en Perú, ¿puede ser una amenaza para la estabilidad regional?
—Debería ser un ejemplo para la región: de cuán rápido se puede deteriorar la política y la democracia si la sociedad genera apatía e indiferencia hacia la política, dejando que hagan sin ningún contrapeso o control.